Desde diciembre de 2017 fue sancionada por la Asamblea Departamental la Política Pública de Economía Social y Solidaria para Antioquia, producto del trabajo colectivo de las organizaciones del sector y de la capacidad de las mismas para reconocer sus debilidades, potencialidades y concertar las propuestas para su fortalecimiento, así como aprender a trabajar articuladamente con los gobiernos departamentales y municipales.

En su fase de implementación se ha avanzado, en primer lugar, en la conformación del Consejo para la promoción y desarrollo de la Economía Social y Solidaria en Antioquia -COPRODES- que actúa como coordinador de la misma, y desde donde se formula del plan quinquenal, que contiene los programas y proyectos para que ésta se concrete en los territorios.

De forma específica se habla de tener un programa departamental de fomento y fortalecimiento de este modelo económico, compuesto por 5 proyectos: Creación y/o fortalecimiento de este tipo de organizaciones, Creación de circuitos económicos solidarios (Por lo menos uno por subregión), Fomento de la cultura solidaria, Conformación de un fondo de fomento y Comunidades Educativas y productivas Solidarias Rurales.

Con esta herramienta el Consejo departamental de Economía social y solidaria, comenzó un proceso de difusión en las subregiones a través de los concejos municipales en sus sesiones ordinarias, con el objetivo de socializar la ordenanza, el plan y motivar su inclusión en los programas de gobierno de los candidatos, pero también de comenzar a analizar el estado de este sector en cada localidad, lo que permitirá generar reflexión en torno a la creación de  mesas municipal de integración de las organizaciones y la formulación de la política pública local.

En el Oriente antioqueño este ejercicio de incidencia política, se llevó a cabo en 7 municipios: Rionegro, San Carlos, Guarne, San Luis, El Carmen de Viboral, Cocorná y Granada;  siendo bien recibida por los concejales, quienes manifestaron a nivel general que pocas veces llegan a los municipios a socializar las ordenanzas, además de la necesidad de trabajar en este tema por las problemáticas de las organizaciones y de la economía rural que está basada básicamente en este modelo, haciendo énfasis en los grandes beneficios que traería el trabajo articulado del nivel departamental con el municipal.

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