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Tomado de: Gestión Solidaria

Una mayor participación en las entidades y administraciones, así como la creación de cuadros políticos propios debe ser uno de los objetivos de las cooperativas para lograr una mayor incidencia en las políticas públicas que benefician a las comunidades.

Después de los ataques de las guerrillas de la Farc, el ELN y de los grupos paramilitares a los municipios de Antioquia, especialmente del oriente del departamento, las únicas instituciones que abrían sus puertas eran la iglesia y la cooperativa del pueblo, ni las tiendas lo hacían, mucho menos la alcaldía. Era mediado de 2007.

La población que quedaba arrasada en varias de sus calles por los cilindros bomba; las balas de los irregulares y el fuego cruzado, causaron centenares de muertos, el desplazamiento de más de 330.000 personas y lo más grave, la sensación de impotencia y desasosiego de los habitantes de estos 23 municipios.

En su análisis Verónica Vahos directiva de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño – Fusoan, recordó como las empresas solidarias nacieron en esta región de manera párela al conflicto armado que azotó al país durante más de cinco décadas. Era la forma de suplir la falta de institucionalidad y que las poblaciones vieran en el modelo cooperativo una esperanza, un aliento para superar las condiciones que tenían en el momento.

La investigadora afirmó que aunque las cooperativas no lo dicen expresamente han venido contribuyendo a la construcción de paz. De una manera en que los territorios donde están asentadas se evidencia una mayor y más rápida recuperación social y económica luego de minimizada la confrontación armada.

En recursos las siete cooperativas integradas en el proyecto de paz del oriente antioqueño destinaron durante 2015 más de 3780 millones de pesos; en solidaridad 2802 millones de pesos y en bienestar social 3629 millones de pesos. Recursos que han permitido que la población vulnerable acceda por ejemplo a la educación superior.

A los aportes directos a la comunidad hay que sumar que cooperativas como Confiar Coosanluis tienen fondos destinados a apalancar proyectos de carácter regional, lo que ayuda a superar causas y efectos del conflicto armado.

Vahos explicó que la presencia de las cooperativas ha permitido que las comunidades inicien procesos de autogestión, de integración. Donde se han vinculado otras formas de organización como las juntas de acción comunal, los grupos de mujeres, grupos ambientalista e incluso de niños y jóvenes.

En materia rural las cooperativas del oriente antioqueño contribuyen en promover la asociatividad y las formas de producción campesina, permitiendo a muchos de sus integrantes superar sus problemas de pobreza. El sistema sustentado sobre la educación, como base para el desarrollo, permite un proceso de acompañamiento que fortalece las capacidades del asociado en la cotidianidad de sus labores contribuyendo a desarrollar una visión empresarial de su actividad.

Con la comunidad

La directiva cooperativa hizo énfasis en las oportunidades que tienen las empresas cooperativas de celebrar las fechas especiales como el día de la mujer, de la madre, del campesino... momentos que permiten tener un contacto con los asociados, generar mayor grado de pertenencia y demostrar el verdadero interés que hay por el servicio a la comunidad.

 Vahos explicó que este trabajo constante ha generado una conciencia sobre la importancia del ahorro, pues es la misma comunidad la responsable de generar una dinámica crediticia para apoyar a sus vecinos. Esto ha incrementado el grado de pertenencia y las personas sienten que su dinero vale.

El apoyo constante de las cooperativas Creafam, Coosanluis, Confiar, Coogranada, León XIII de Guatapé, Pio XII de Cocorná y Cooabejorral, no solo mantienen su actividad dentro de la región de origen. Ante el desplazamiento de un buen número de habitantes de la zona las cooperativas ubicaron oficinas en diferentes ciudades donde los desplazados por la violencia reiniciaron sus vidas.

El poder apalancar sus nuevos proyectos productivos permitió ser constantes en sus dinámicas comerciales, pero sobre todo mantener el vínculo con sus pueblos de origen, su identidad cultural y contribuir a reconstruir la región afectada por la violencia.

El denominado Tejido Social Distante se constituyó en un nuevo compromiso social, el canal para mantener su relación con la tierra que dejaron y apoyarla en su desarrollo con los aportes y ahorros que realizan sin importar la ciudad donde se encuentran.

El aprendizaje de estos años demuestra que las cooperativas deben buscar y tener una mayor participación política, tener sus representantes en los gobiernos locales y territoriales, consejos, asambleas, alcaldías y el mismo Congreso, sin que esto signifique su vinculación a un partido político en particular, señaló Vahos.

Aunque en la zona del Oriente antioqueño el plebiscito del acuerdo de la Habana fue derrotado por el doble de la votación del Sí, las cooperativas han identificado que con la superación de los frenos legales para el acuerdo definitivo es necesaria una mayor participación en los organismos políticos. Estar en los escenarios de la planeación participativa, ayudando a las comunidades a formular sus planes con un enfoque de la economía solidaria y también ayudar a vencer la desconfianza de las comunidades y por último apoyar a las organizaciones de víctimas.

Tomado de: El Colombiano

Por: Juan Fernando Rojas T.

 

Resultaría difícil encontrar un banco o empresa que destine a educación formal en sus áreas de influencia un 20 % de sus ganancias anuales. Pero eso hacen las cooperativas, a cambio de estar exentos de impuesto de renta, como lo determinó la Ley 863 de 2003 y el Decreto 2880 de 2004.
Eso se ha traducido en que estas entidades destinen un promedio de 80 mil millones de pesos de excedentes anuales, como se llama lo equivalente a utilidades de las empresas. De ese total, cerca de 30 mil millones se invierten en Antioquia, según la seccional de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop). Tales recursos, entre otros frentes, sirven para becar a 38 mil jóvenes que adelantan sus estudios superiores en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias en el país y de los cuales una tercera parte están en Antioquia, según estimaciones de Confecoop Antioquia.

Impacto territorial

Pero también con esos recursos, y adicionales que se cargan al gasto, se hace mucho más: “en los últimos 11 años hemos entregado más de 100 centros educativos rurales transformados y dispuestos al aprendizaje, como pretendió el decreto 2880”, comentó ayer a este diario Luis Fernando Gómez, director de Confecoop Antioquia, durante un seminario de actualización tributaria organizado por este gremio.
Además es posible que un niño de una apartada vereda de Cocorná, no tenga que caminar horas para llegar a su escuela y tenga servicio de transporte.
También se facilita que los cerca de dos mil pequeños de una institución educativa pública de Guatapé, otro ejemplo, puedan estrenar uniforme de educación física cada año.
Eso sin contar que tales recursos son la bendición para familias campesinas de zonas alejadas y que sus hijos puedan tener útiles para comenzar este año lectivo o alimentación complementaria escolar.
Incluso en una escuela rural apartada, existe una razón adicional para no contemplar la deserción escolar: baños mejorados, pupitres nuevos, laboratorios bien dotados o paredes recién pintadas, después de años de olvido o limitaciones fiscales de los municipios.
Ese inventario de impactos cotidianos en la mejora de la formación de miles de estudiantes campesinos los tiene grabados en su memoria Verónica Alexandra Vahos. Ella es la directora de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño (Fusoan), que gestiona la inversión de un promedio de 200 millones de pesos anuales de las cooperativas Confiar, Coogranada, Creafam, Pío XII, Coosanluis, León XIII y Cooabejorral, con área de acción en el Oriente antioqueño.

Cooperativas, a pagar

Vahos y Gómez coinciden en una preocupación: la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) y vigente desde este año, comenzará el desmonte de esa inversión del 20 % de los excedentes de las cooperativas que iba al llamado Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo aprobado por el Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno.
Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la Dian en 2018 una tarifa de 10 % sobre sus excedentes obtenidos este año y otro 10 % deberá ser para financiar cupos en educación superior.
Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo. Y de 2019 en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación superior y deberán tributar el 20% en forma directa. Esa plata “se destinará a la financiación de la educación superior pública”, indica la ley.
“En la práctica es como un impuesto de renta y el Estado se quedará con ese 20 % a título desde 2020, pero vaya uno a saber cómo se distribuirán los recursos y si realmente llegarán con igual eficacia y cobertura de cuota de sostenimiento, transporte, alimentación y otros gastos los universitarios que hoy becamos las cooperativas”, lamentó Gómez.
Sobre ese tema y la justificación para el ajuste impositivo, este diario consultó ayer al Ministerio de Hacienda, pero anoche informaron desde la entidad que solo a partir de hoy se tendría una respuesta.
Entre tanto, la exposición de motivos del proyecto de ley radicado en octubre pasado por el ministro Mauricio Cárdenas, no da luces más allá del cambio sugerido en el Estatuto Tributario.
“El Gobierno se contradice: por un lado, dice a las cooperativas que son, en el posconflicto, aliados del desarrollo social y económico en territorios afectados por la guerra, y por otro nos afecta en un asunto vital, como promover la educación de nuevas generaciones”, cuestionó la directora de Fusoan.
A su turno, Carlos Andrés López Sierra, gerente de Cooperenka, de ahorro y crédito, advierte que la reforma tributaria del Gobierno constriñe las oportunidades de educación superior de jóvenes rurales de precarios recursos a universidades públicas, donde el ingreso es más difícil y no sus sedes, por lo general, no son cercanas al lugar en que viven.
“No hay mejor administrador de esos excedentes que a quien le duelen, a quien se esforzó durante todo un año por tener tales beneficios para darles el mejor uso. Ahora ese impacto social de las cooperativas se verá aminorado”, agregó el gerente de Cooperenka, que en 2016 invierte en educación superior unos 130 millones de pesos en becas completas o parciales en instituciones de educación superior públicas y privadas.

¿Qué pasará?

Así las cosas, pese a que Antioquia es líder nacional en la fortaleza del sector, será inevitable que las entidades de economía solidaria, incluidas cinco cooperativas financieras y 56 de ahorro y crédito que operan en el departamento, disminuyan lo que puedan dedicar de sus excedentes para educación.
Hay que tener en cuenta que la distribución de excedentes de las cooperativas, ya sin el 20 % que irá a la Dian, otro 20 % va a la protección de aportes de asociados, 10 % para solidaridad con bases sociales de la cooperativa y un 50 % se destina según lo determine la Asamblea General en sus encuentros ordinarios anuales (ver Paréntesis).
“El sector cooperativo es socialmente responsable por naturaleza y de ese 50 % que disponen las asambleas, seguramente en su autonomía darán algunos recursos para continuar apoyando la educación, pero sabemos que el impacto será menor al que hemos tenido hasta ahora con miles de estudiantes de colegios o universidades”, concluyó el director de Confecoop Antioquia.

Tomado de:El Espectador
8 de Enero de 2017
Por: Carlos Acero (Presidente Confecoop)

La capacidad de las cooperativas para transformar situaciones desfavorables ha sido probada a nivel mundial. La construcción del tejido social, la creación de confianza entre las comunidades, la organización de las personas para el trabajo y la creación de empresas sostenibles de pequeños y medianos productores integrados en circuitos económicos locales son algunas de las acciones adelantadas por las cooperativas para generar inclusión social, económica y cultural o para actuar con eficacia en aquellos casos donde ni el Estado ni el mercado han podido satisfacer las necesidades de las comunidades.

Particularmente en las zonas de conflicto y rurales, el cooperativismo hoy es visto como un instrumento de innovación social y empresarial para las comunidades, lo cual implica que el accionar público y el privado deberán coordinarse muy bien para conseguir resultados favorables a través de la organización o la consolidación de cooperativas en los territorios.

El modelo de gestión socioempresarial cooperativo está llamado a tener un papel sobresaliente en la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto armado con las Farc, por ser un modelo que ha contribuido históricamente a la superación de situaciones sociales difíciles, derivadas de conflictos armados o de desastres naturales en todo el mundo.

Un entorno favorable para el crecimiento cooperativo

Las cooperativas deberán demostrar, una vez más, que son importantes agentes de inclusión social y financiera para los colombianos. La consolidación de las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro, y las denominadas de aporte y crédito, será uno de los temas relevantes para el sector.

Las condiciones de la economía colombiana en 2017 pueden permitir una mejora en la dinámica de colocación de cartera, hecho que deberá ser aprovechado por el sector para llegar a un mayor número de colombianos, mejorar su portafolio de productos y servicios e invertir en cuestiones estratégicas, como la tecnología para la prestación de servicios financieros y la integración basada en el principio de cooperación entre cooperativas.

Por el lado del sector real, el reto es aún mayor. Las cooperativas deben profundizar su presencia en lo local y regional y, especialmente, en el sector agropecuario, estimulando, además, la creación de cooperativas en otros sectores productivos o de transformación, aprovechando el impulso que se le dará al campo colombiano a través de una política integral de desarrollo rural con enfoque territorial.

Ajustes normativos para su promoción y desarrollo

Un ajuste al marco jurídico de las cooperativas, que permita desarrollar una política eficaz y sostenible de promoción, fomento y fortalecimiento de las cooperativas, además de una revisión a la institucionalidad pública relacionada con la promoción y vigilancia sectorial, son actividades que deberán adelantarse en el primer semestre del año.

El propósito de estos ajustes normativos es que las comunidades encuentren en la forma cooperativa un instrumento no sólo atractivo, sino eficiente, sostenible y con vocación socioempresarial, que garantice la construcción de patrimonios colectivos que satisfagan sus necesidades y aseguren el bienestar de sus asociados y familias.

Fortalecimiento sectorial

Esta nueva dinámica para el sector cooperativo plantea retos en su interior, toda vez que por su naturaleza deberá hacer esfuerzos importantes para conseguir un fortalecimiento institucional cada vez mayor, tanto a nivel individual como en materia de integración y acción gremial. Mejorar aspectos como la percepción que de ellas tienen algunos sectores y una mayor proyección ante las comunidades serán algunas de sus tareas en 2017.

Será un año para impulsar el programa Cooperativas por Colombia, promovido por Confecoop como una estrategia sectorial a mediano plazo que busca consolidar a las cooperativas en los territorios y en el país como gestoras del desarrollo humano y social con equidad, a través de cinco líneas estratégicas: formación de cultura cooperativa, cooperación nacional e internacional, fortalecimiento del sistema de integración, fortalecimiento del circuito económico (cooperación entre cooperativas) y representación e incidencia política.

Todas estas acciones se encuentran orientadas a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales buscan poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, criterios orientadores de la Agenda 2030, de la cual hace parte el movimiento a nivel global.

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